Navegaci贸n
RGPD > Considerando 129
Descargar PDF

Considerando 129

(129) Para garantizar la supervisi贸n y ejecuci贸n coherentes del presente Reglamento en toda la Uni贸n, las autoridades de control deben tener en todos los Estados miembros las mismas funciones y poderes efectivos, incluidos poderes de investigaci贸n, poderes correctivos y sancionadores, y poderes de autorizaci贸n y consultivos, especialmente en casos de reclamaciones de personas f铆sicas, y sin perjuicio de las competencias de las autoridades encargadas de la persecuci贸n de los delitos con arreglo al Derecho de los Estados miembros para poner en conocimiento de las autoridades judiciales las infracciones del presente Reglamento y ejercitar acciones judiciales.

Dichos poderes deben incluir tambi茅n el poder de imponer una limitaci贸n temporal o definitiva al tratamiento, incluida su prohibici贸n.

Los Estados miembros pueden especificar otras funciones relacionadas con la protecci贸n de datos personales con arreglo al presente Reglamento.

Los poderes de las autoridades de control deben ejercerse de conformidad con garant铆as procesales adecuadas establecidas en el Derecho de la Uni贸n y los Estados miembros, de forma imparcial, equitativa y en un plazo razonable.

En particular, toda medida debe ser adecuada, necesaria y proporcionada con vistas a garantizar el cumplimiento del presente Reglamento, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso concreto, respetar el derecho de todas las personas a ser o铆das antes de que se adopte cualquier medida que las afecte negativamente y evitar costes superfluos y molestias excesivas para las personas afectadas.

Los poderes de investigaci贸n en lo que se refiere al acceso a instalaciones deben ejercerse de conformidad con los requisitos espec铆ficos del Derecho procesal de los Estados miembros, como el de la autorizaci贸n judicial previa.

Toda medida jur铆dicamente vinculante de la autoridad de control debe constar por escrito, ser clara e inequ铆voca, indicar la autoridad de control que dict贸 la medida y la fecha en que se dict贸, llevar la firma del director o de un miembro de la autoridad de control autorizado por este, especificar los motivos de la medida y mencionar el derecho a la tutela judicial efectiva.

Esto no debe obstar a que se impongan requisitos adicionales con arreglo al Derecho procesal de los Estados miembros.

La adopci贸n de una decisi贸n jur铆dicamente vinculante implica que puede ser objeto de control judicial en el Estado miembro de la autoridad de control que adopt贸 la decisi贸n.